Nómina de Cámara Diputados es misterio
Cámara de Diputados
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SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados, reproduce
continuamente un intenso discurso a favor de la transparencia del
sector público. Pero mantiene ocultos los detalles de su nómina de
empleados.
La intención de opacidad es tanta que el Tribunal Constitucional (TC) tuvo que pronunciarse para obligar a que la administración encabezada por Abel Martínez entregara al ciudadano Manuel Muñoz Hernández la relación con los nombres de los asesores del ala izquierda del Congreso.
En la cámara alegan que el nombre de sus empleados es una información de carácter íntimo, protegida por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (200-04).
Ese argumento, además de ser desmontado por el TC, ni siquiera encuentra respaldo en el mismo Poder Legislativo. A pocos metros de los diputados, el Senado que preside Reinaldo Pared Pérez publica en su portal digital cada uno de los capítulos de su nómina, con los nombres y apellidos de la empleomanía, sin que hasta el momento se hayan producido reclamos públicos por violación a la intimidad de persona alguna.
Al cruzar la calle Juan de Dios Ventura, que separa al Congreso de la Suprema Corte de Justicia, en la sede del Poder Judicial se demuestra que no se maltrata ningún derecho cuando se entrega a los ciudadanos que así lo soliciten la lista completa del personal. El sistema de Justicia actualiza la suya de manera periódica. Si usted quiere ver la de noviembre, por ejemplo, sólo tiene que entrar al sitio www.suprema.gov.do y encontrará los salarios, nombres y apellidos de los jueces y juezas, además de los datos de los recursos humanos correspondientes al área administrativa.
“De manera reiterada diferentes organizaciones y ciudadanos demandan esta información, y la Cámara insiste en que esta es una información de privacidad de los servidores públicos, lo que no es cierto. Es falso, y contradice todos los estándares internacionales en materia de transparencia”, denuncia el encargado del capítulo de Transparencia de Participación Ciudadana (PC), Carlos Pimentel.
Pimentel entiende que la actitud de la Cámara no sólo viola la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, sino que entra en abierta contradicción con principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El especialista destaca que otros organismos fiscalizadores como la Cámara de Cuentas comparten sin restricciones la lista de trabajadores que la cámara baja oculta de manera abierta, como si fuera un poder ajeno a las regulaciones generales del Estado. Por estas y otras importantes faltas, el Quinto Informe de Monitoreo de la Aplicación de la Ley 200-04, publicado por PC a mediados de año, califica con una nota de 71 puntos (de 100) al organismo que dirige Abel Martínez, representante de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Ellos publican la nómina con los cargos y los salarios, pero sin nombres. Eso no sirve para nada cuando se pretende hacer un análisis”, enfatiza Pimentel, seguro de que en ese lado del Congreso se viola la normativa nacional de acceso a la información, y de paso los derechos de toda la ciudadanía interesada en una República más transparente y menos corrupta.
Otros ejemplos
La información que niega de modo recurrente la Cámara de Diputados se encuentra con facilidad en el portal del Banco Central, cuyos trabajadores tienen la delicada función de regular el sistema monetario y financiero.
Tampoco limitan el acceso a su nómina la Procuraduría General de la República (pgr.gob.do), la Junta Central Electoral (www.jce.gob.do), el Ministerio de Industria y Comercio (www.seic.gov.do), la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gob) ni otros importantes organismos consultados por elCaribe.
Dos casos emblemáticos
El 21 de septiembre el Tribunal Constitucional ordenó a la Cámara de Diputados entregar a Manuel Muñoz Hernández la lista, con nombres y apellidos, de sus respectivos asesores. De Este modo, la alta corte confirmaba la sentencia 166-2011 del Tribunal Superior Administrativo, no acatada por la Oficina de Libre Acceso a la Información que dirige Catalina Olea Salazar. No es el único caso de ocultamiento de información sancionado por la justicia. En el 2011 la Suprema Corte emitió una resolución que obliga al mismo organismo legislativo a entregar una copia de su nómina de personal al abogado Alejandro Alberto Paulino, quien llevaba un año haciendo en vano la solicitud.
En la oficina de libre acceso de la Cámara, dirigida por Catalina Olea, insisten en no entregar el dato.
Fuente: EL CARIBE
jt/am
La intención de opacidad es tanta que el Tribunal Constitucional (TC) tuvo que pronunciarse para obligar a que la administración encabezada por Abel Martínez entregara al ciudadano Manuel Muñoz Hernández la relación con los nombres de los asesores del ala izquierda del Congreso.
En la cámara alegan que el nombre de sus empleados es una información de carácter íntimo, protegida por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (200-04).
Ese argumento, además de ser desmontado por el TC, ni siquiera encuentra respaldo en el mismo Poder Legislativo. A pocos metros de los diputados, el Senado que preside Reinaldo Pared Pérez publica en su portal digital cada uno de los capítulos de su nómina, con los nombres y apellidos de la empleomanía, sin que hasta el momento se hayan producido reclamos públicos por violación a la intimidad de persona alguna.
Al cruzar la calle Juan de Dios Ventura, que separa al Congreso de la Suprema Corte de Justicia, en la sede del Poder Judicial se demuestra que no se maltrata ningún derecho cuando se entrega a los ciudadanos que así lo soliciten la lista completa del personal. El sistema de Justicia actualiza la suya de manera periódica. Si usted quiere ver la de noviembre, por ejemplo, sólo tiene que entrar al sitio www.suprema.gov.do y encontrará los salarios, nombres y apellidos de los jueces y juezas, además de los datos de los recursos humanos correspondientes al área administrativa.
“De manera reiterada diferentes organizaciones y ciudadanos demandan esta información, y la Cámara insiste en que esta es una información de privacidad de los servidores públicos, lo que no es cierto. Es falso, y contradice todos los estándares internacionales en materia de transparencia”, denuncia el encargado del capítulo de Transparencia de Participación Ciudadana (PC), Carlos Pimentel.
Pimentel entiende que la actitud de la Cámara no sólo viola la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, sino que entra en abierta contradicción con principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El especialista destaca que otros organismos fiscalizadores como la Cámara de Cuentas comparten sin restricciones la lista de trabajadores que la cámara baja oculta de manera abierta, como si fuera un poder ajeno a las regulaciones generales del Estado. Por estas y otras importantes faltas, el Quinto Informe de Monitoreo de la Aplicación de la Ley 200-04, publicado por PC a mediados de año, califica con una nota de 71 puntos (de 100) al organismo que dirige Abel Martínez, representante de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Ellos publican la nómina con los cargos y los salarios, pero sin nombres. Eso no sirve para nada cuando se pretende hacer un análisis”, enfatiza Pimentel, seguro de que en ese lado del Congreso se viola la normativa nacional de acceso a la información, y de paso los derechos de toda la ciudadanía interesada en una República más transparente y menos corrupta.
Otros ejemplos
La información que niega de modo recurrente la Cámara de Diputados se encuentra con facilidad en el portal del Banco Central, cuyos trabajadores tienen la delicada función de regular el sistema monetario y financiero.
Tampoco limitan el acceso a su nómina la Procuraduría General de la República (pgr.gob.do), la Junta Central Electoral (www.jce.gob.do), el Ministerio de Industria y Comercio (www.seic.gov.do), la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gob) ni otros importantes organismos consultados por elCaribe.
Dos casos emblemáticos
El 21 de septiembre el Tribunal Constitucional ordenó a la Cámara de Diputados entregar a Manuel Muñoz Hernández la lista, con nombres y apellidos, de sus respectivos asesores. De Este modo, la alta corte confirmaba la sentencia 166-2011 del Tribunal Superior Administrativo, no acatada por la Oficina de Libre Acceso a la Información que dirige Catalina Olea Salazar. No es el único caso de ocultamiento de información sancionado por la justicia. En el 2011 la Suprema Corte emitió una resolución que obliga al mismo organismo legislativo a entregar una copia de su nómina de personal al abogado Alejandro Alberto Paulino, quien llevaba un año haciendo en vano la solicitud.
En la oficina de libre acceso de la Cámara, dirigida por Catalina Olea, insisten en no entregar el dato.
Fuente: EL CARIBE
jt/am
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